El defensor público oficial federal, José Bongiovanni, cuestionó los cortes del suministro de gas a familias vulnerables de Tolhuin y sostuvo que, en pleno invierno fueguino, esa medida puede vulnerar derechos fundamentales. En declaraciones a FM Centro, remarcó que el acceso al gas es un servicio esencial y afirmó que ninguna persona debería quedar sin calefacción por una deuda cuando su salud y su vida pueden verse comprometidas.
Bongiovanni explicó que la intervención de la Defensoría Federal comenzó a partir del planteo realizado por autoridades municipales y vecinos de Tolhuin, preocupados por la cantidad de intimaciones, cortes del servicio y retiros de medidores registrados desde mayo. Según indicó, la situación dejó de ser un problema aislado para transformarse en una problemática social que afecta a numerosas familias.
“El punto es si una persona en Tolhuin, en una época como esta, puede ser dejada sin gas”, expresó el funcionario, al remarcar que la discusión no pasa únicamente por el pago de una factura, sino por el impacto que tiene la interrupción del suministro sobre personas mayores, familias con niños, personas con discapacidad y vecinos en condiciones de vulnerabilidad.
El defensor recordó que la normativa establece un plazo mínimo de 48 horas para intimar un corte por falta de pago, aunque aclaró que la empresa prestataria también tiene margen para aplicar soluciones alternativas cuando existen situaciones sociales críticas.
En ese marco, detalló que la Defensoría presentó una medida cautelar autónoma para evitar el corte del servicio a una persona mayor en condición de vulnerabilidad. La presentación fue resuelta por el Juzgado Federal de Río Grande en pocas horas y ordenó que no se interrumpiera el suministro de gas, priorizando la protección de la salud y la vida de la usuaria.
Bongiovanni adelantó además que existen otros casos similares bajo análisis y señaló que la Defensoría continúa reuniendo documentación para determinar los pasos judiciales a seguir. Al mismo tiempo, confirmó que se solicitó información a Camuzzi y que también habrá reuniones con Enargas para conocer la magnitud real del problema y buscar soluciones que eviten nuevos cortes.
El funcionario sostuvo que dejar sin gas a una familia durante el invierno contradice el principio de asequibilidad de los servicios públicos esenciales, reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por los tratados internacionales de derechos humanos.
También cuestionó la falta de información precisa sobre la cantidad de usuarios afectados y consideró necesario conocer cuántos cortes, reconexiones y retiros de medidores se realizaron en Tolhuin para evaluar si existe una problemática estructural.
“Nuestro compromiso es proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. La judicialización es una herramienta cuando no queda otra alternativa, pero el objetivo es encontrar soluciones antes de llegar a ese punto”, afirmó Bongiovanni.
El defensor insistió en que el acceso al gas, especialmente en una provincia como Tierra del Fuego, no puede analizarse únicamente desde una lógica comercial, sino también desde la obligación del Estado y de las empresas prestatarias de garantizar un servicio esencial sin poner en riesgo derechos básicos de la población.
Fuente Red 23