Los gobernadores patagónicos sostienen la amenaza de cortar la producción de petróleo y gas, desde el próximo miércoles, en caso de que la Casa Rosada mantenga la quita de fondos a Chubut. Esa fue este sábado la principal conclusión del encuentro vía zoom que mantuvieron los mandatarios luego de que el chubutense Ignacio Torres se enfrentara abiertamente con la administración del presidente Javier Milei, confirmaron a LA NACION fuentes provinciales.
En medio del enfrentamiento entre las provincias y el Gobierno central, los gobernadores también “definieron una estrategia conjunta para blindar la coparticipación por medio de una ley” en el Congreso y tomaron contacto con el resto de los mandatarios en un grupo que tienen en Whatsapp. El próximo lunes, en tanto, Torres y sus pares ofrecerán una conferencia de prensa para oficializar los pasos a seguir.
“El Gobierno nacional quiere disciplinar a las provincias matando a Chubut, una provincia chica que está lejos de Buenos Aires. Pero vamos a defender nuestros recursos hasta las últimas consecuencias”, aseguró Torres a LA NACION.
Del encuentro de este sábado participaron el propio Torres y sus colegas Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Marcelo Orrego (Neuquén), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz). La tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores escaló después de la advertencia de Torres de no entregar más petróleo y gas, con el respaldo por sus pares de diferentes partidos.
Para este miércoles las provincias productoras de hidrocarburos plantearán un paro total en los yacimientos con el objetivo de afectar la producción. También se prevé un acto simbólico en la monoboya ubicada en Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia, desde donde sale la producción petrolera de la cuenca del Golfo San Jorge. “Mas que cerrar una llave, algo que no puede hacerse de un día para el otro, es parar la producción general como medida de protesta”, aseguraron fuentes de la reunión.
En tanto, el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, acusó este sábado al ministro de Economía, Luis Caputo, de “mentir descaradamente”, luego de que el funcionario afirmara que ese distrito no presentó ningún pedido de cancelación de deuda con la Nación, y aseguró que su cartera “solicitó refinanciar las cuotas sin que hubiese contestación (del Poder Ejecutivo) ya que la intención es ahogar financieramente a la provincia”.
Judicialización
El contragolpe de los gobernadores pasará por una judicialización en masa contra los recortes de fondos que dispone el ministro Caputo. Incluso, las denuncias apuntarán directamente contra el funcionario y contra el Presidente, advirtieron fuentes de las provincias. En el zoom que esta tarde reunió a Torres con los mandatarios patagónicos, también hubo acuerdo en fortalecer la estrategia de la “judicialización”.
Horas antes de la “rebelión patagónica”, el misionero Hugo Passalacqua se sumó sus colegas que ya fueron a la Justicia y presentó una cautelar ante la Corte Suprema de Justicia por el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y el de Conectividad y Garantía Salarial. La réplica de la Casa Rosada estaría en pleno proceso de recolección de información sobre el “misionerismo”.
En el plano político, el gobierno central cuestiona en duros términos a las provincias. A tal punto que Patricia Bullrich, que integra el Pro al igual que Torres, le advirtió al gobernador que su provincia podría “quedar como Cataluña” con su reclamo a la Nación. Distinto, según el propio Torres, fue el comportamiento del expresidente Mauricio Macri, quien intentó “mediar” con Milei pero no consiguió que la Casa Rosada frenara la confrontación.
El comunicado de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), que incluyó al porteño Jorge Macri, corroboró luego que el intento de diálogo resultó infructuoso.
Transferencias
La decisión de Milei de ajustar los giros alcanzó a transferencias que los equipos técnicos provinciales entienden que no son “en absoluto” discutibles, como los de Anses a las 13 cajas previsionales, el impuesto a los combustibles y las compensaciones en el marco del consenso fiscal. Solo la Anses adeuda de 2023 unos $166.000 millones a Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
La advertencia de Torres significó el puntapié inicial para que sus pares, incluso los dialoguistas, se sumaran a la rebelión. “Es el reclamo y la forma en que nos vienen destratando en todo este tiempo -dijo un norteño a LA NACION-. Estoy entre los que quieren colaborar pero no se dejan. Todo es confrontación, no aceptan nada y salen a decir que no damos alternativas. Construyen un ‘relato’ pero a nosotros también nos votaron y tenemos que defender a nuestros ciudadanos”.
En medio de la polémica hay equipos provinciales que apuran los análisis de presentaciones en la Justicia. “Diálogo no hay. Hasta el jueves hubo unas señales y hablamos entre nosotros. Creímos que se podía encaminar algo; era difícil pero hubo expectativas. Con los insultos a Torres todo se cae”, comenta un funcionario provincial.
La referencia es a la reunión del miércoles pasado en Salta entre el ministro Guillermo Francos, el anfitrión Gustavo Sáenz y varios mandatarios más. De ahí, el salteño salió con la iniciativa de un acuerdo nacional, en el que sigue creyendo pese al abrupto cambio de clima que reina entre sus pares. Cuatro gobernadores consultados por este diario plantearon que habían compartido la idea, pero que la situación es”diferente” y que “todo indica” que desde la Rosada no están dispuestos a conversar. “Torres no es un ‘loquito’ como lo quieren presentar. Están empujándonos a tomar decisiones muy fuertes que todos quisiéramos evitar”, dijo un ministro patagónico.
“Gastadores compulsivos”
Los mandatarios admiten que enfrentan complicaciones en el ámbito de la “comunicación” porque los libertarios, con Milei a la cabeza, los presentan como “gastadores compulsivos” y como “irracionales”, sin hacer diferencias. “La situación social es compleja y la Nación solo toca los dineros de los otros, nada de lo propio. Las provincias aportamos, de ahí sale la plata”, marcaron desde la región centro.
Hace diez días, desde Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires desmintieron que hubieran conversado la posibilidad de liquidar granos a través del Banco Provincia. “Esperemos no llegar a la disolución nacional”, deslizó un cordobés. “No hay nada sobre eso. Algunos de segundas líneas lo vieron pero no pasó de ahí”, indicaron desde la administración de Maximiliano Pullaro. Justamente el santafesino y el cordobés Martín Llaryora están entre los primeros “apuntados” como “traidores” por Milei.
La ley que establecía el Fonid venció el 31 de diciembre, pero una decisión política podría sostener el aporte nacional a los salarios de los maestros, justo cuando inicia el ciclo lectivo 2024. En el caso del transporte, el Fondo Compensador está en el presupuesto 2023 que la administración libertaria prorrogó lo que, entienden los técnicos, permite una discusión judicial.
Esos dos ítems y las concesiones hidroeléctricas son las que dominan las presentaciones de Passalaqua, Torres, el santiagueño Gerardo Zamora, el rionegrino Alberto Weretilneck, al neuquino Rolando Figueroa y el riojano Ricardo Quintela. Las presentaciones fueron por fondos de transporte y el Fonid y concesiones hidroeléctricas en la Patagonia. En tanto, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes son las provincias con las que Nación acumula deuda de Anses.
Un trabajo de la consultora Idesa, que dirige Jorge Colina, calcula que la deuda acumulada el año pasado para las provincias de la región centro fue de $166.100 millones: $67.500 millones a Córdoba; $59.800 millones a Santa Fe y $38.800 millones a Entre Ríos. En todos los casos, prácticamente duplica lo que esos distritos reciben por Fonid y transporte. No recibir este dinero, indican fuentes provinciales, “desestabiliza” las finanzas.
Hay un antecedente que los especialistas que analizan el tema para los gobiernos locales recuerdan: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2015 que obligó a la Nación -debió cumplirlo Mauricio Macri, recién asumido- que declaró inconstitucional que el Estado nacional se quedara con 15% de la masa de recursos coparticipables para financiar a Anses.
El otro punto en análisis es que, cuando se firmó el pacto fiscal en 2017, por el acuerdo en cómo se repartían ganancias y el impuesto al cheque, se generó una diferencia a favor de las provincias que la Nación debe pagar actualizada. Se cumplió pero, a valores históricos, con lo que todos los meses se va generando deuda. Es decir, los gobernadores tienen fondos para cobrar. En el caso del impuesto a los combustibles, la situación es parecida: se estableció una suma fija por litro y se acumulan dos años sin actualización. La actual gestión dispuso descongelarlo a partir del 1 de marzo.
