El avance sobre potestades de las provincias, como las concesiones hidrocarburíferas, y otros temas que afectan al conjunto de la Patagonia unifica posturas. Gobernadores y legisladores ¿trabajarán en forma conjunta?. Sobre la Ley de Zona Fría, cuya derogación está en la Ley Omnibus, e implicaría cuadriplicar, como mínimo, la factura de gas, Ianni planteó “no queremos volver a ser tildados de derrochones de energía”.
Adrián Menem, presidente de la Cámara de Diputados, confía en que el jueves 25 de enero el “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos“, llegará al recinto de esa Cámara para su aprobación.
Pero para que eso pase, previamente habrá mucho trabajo por hacer, y sobre todo, mucho consenso por conseguir. Lo cierto es que la Ley Ómnibus girada por el gobierno de Javier Milei al Congreso deroga o modifica centenas de leyes y en algunos puntos roza preceptos constitucionales.
En el caso particular de la Patagonia, son varios los temas que generan resistencia. Siendo todas las provincias productoras de hidrocarburos, la profunda reforma a la ley 17.319 que rige las políticas del sector es el primer gran escollo.
La Nación se arroga, directamente, facultades que quedaron en manos de las Provincias desde la reforma constitucional de 1994, cuando se incorporó el artículo 124 a la Carta Magna el que establece que “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Debe interpretarse que el dominio de los recursos naturales corresponde a la Nación o a las provincias según el territorio en que los mismos se encuentren”.
Precisamente, para hacer honor a esta manda constitucional, el 6 de diciembre de 2006 el Congreso sancionó la ley 26.197 “Ley Corta“, modificando la Ley de Hidrocarburos, otorgando a las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires el dominio sobre los yacimientos de petróleo y gas situados en su territorio y en el mar adyacente hasta las 12 millas marinas.
En el proyecto que el Gobierno busca aprobar, en su artículo 298 se sustituye el artículo 98 de ley 17.319 y establece que “será facultad del Poder Ejecutivo Nacional decidir sobre las siguientes materias en el ámbito de su competencia: a) determinar las zonas del país en las cuáles interese promover las actividades regidas por esta ley. b) Otorgar permisos, concesiones y autorizaciones; y autorizar sus cesiones. c) Estipular soluciones arbitrales y designar árbitros. d) Anular concursos. e) Determinar las zonas vedadas al reconocimiento superficial. f) Fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superficiarios y g) Declarar la caducidad o nulidad de permisos, concesiones y autorizaciones.
Un texto que contradice por completo la manda constitucional y también la Ley Corta.
No es el único artículo que avanza sobre potestades que son exclusivas de las Provincias. Existen otros que impedirían a empresas y distritos acceder a las prórrogas de las concesiones. En corto plazo esto obligaría a licitar decenas de bloques.
Es que se modifica el actual Artículo 35 que permitía a las operadoras poder acceder a prórrogas de 10 años en sus concesiones. Y se agrega un nuevo artículo, el 47 Bis, que plantea que todas las áreas que lleguen a su fin de concesión o sean revertidas, deberán ser licitadas, abriéndose ese proceso con un mínimo de un año de anticipación.
Esto pone a las Provincias y operadoras, cuyas concesiones están por vencer, en la urgencia de encarar las negociaciones por los pasivos en cada una de esas áreas que deberán volver a licitarse. Siempre que la ley logre prosperar tal como está en la actualidad.
“Un error”
El primer en reaccionar a este artículo fue el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa. A poco de enviado el proyecto al Congreso, se reunió con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, y le planteó las objeciones que su provincia tenía respecto del texto y en particular al artículo 298.
Según indicó el propio Figueroa, el funcionario nacional habría señalado que fue “un error” que “copiaron y pegaron la ley anterior a la sanción de la ley corta y la modificación de la Constitución. Eso es lo que me dijo, que se equivocaron”.
Pero la realidad es que si la norma, tal como está redactada, “llega a pasar el Congreso”, “los daños son directos para la provincia, con esta violación a la Constitución” afirmó el gobernador.
Desde Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck, dijo que el proyecto de ley ómnibus del presidente Javier Milei tiene puntos “sumamente graves para las provincias“, pero no avanzó en mas definiciones.
Punto a favor
Para el gobernador de Chubut, en la ley “hay cosas que nos preocupan y ocupan, y hay otras que nos entusiasman. Estábamos analizando el impacto que puede llegar a tener la liberación del barril criollo para nuestra provincia. Eso significa mucho trabajo, son muchos puestos de trabajo y dinamiza mucho el circulante. Yo creo que puede ser una oportunidad histórica para Chubut, para todas las provincias petroleras”.
De hecho, la liberación del mercado, abre un escenario favorable para las inversiones que son imprescindibles para recuperar producción en los yacimientos convencionales y en particular en los maduros como son los que poseen Santa Cruz y Chubut.
Pero más allá de ese “punto a favor”, el avance sobre las potestades de las Provincias es el punto común de todas las jurisdicciones. “Santa Cruz está en sintonía de lo que marcan los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén” y está en alerta por los cambios a la ley 17.319, indicaron a La Opinión Zona Norte, fuentes del Gobierno provincial.
Los diputados
Apenas fueron electos, los gobernadores Ignacio Torres y Claudio Vidal ratificaron la voluntad de fortalecer el “bloque patagónico” en el Congreso, transversal a todas las bancadas, para defender los temas comunes a la región.
El debate de la Ley Ómnibus será, todo indica, el primer desafío para el conjunto de legisladores que representan a la región. De hecho la diputada Ana María Ianni, (UxP-Santa Cruz) reconoció que están hablando entre los diputados de toda la Patagonia, “por temas que preocupan”.
“Desde nuestro bloque estamos en alerta ante este proyecto de ley que busca barrer con los derechos de los recursos naturales que son potestad de las provincias y dónde nosotros vamos a estar dando pelea y haciendo escuchar nuestra voz” afirmó la legisladora.
“Nuevamente los patagónicos nos estamos nucleando, nos estamos reuniendo, porque la fuerza también, no sólo por ser provincia productora, sino por lo que significa vivir y desarrollarse en nuestra región patagónica”, afirmó la legisladora de la oposición, al tiempo que ratificó: “Vamos a hacer valer nuestros derechos y nuestros intereses, no sólo sobre la explotación de nuestros recursos naturales en favor de nuestras provincias sino también por esta quita de subsidios en la tarifa de gas”.
La quita de la zona fría y la audiencia pública es otro tema que se observa desde la Región.
Sobre la Ley de Zona Fría, cuya derogación está contemplada en la Ley Omnibus, e implicaría cuadriplicar, como mínimo, la factura actual de gas, Ianni planteó “no queremos volver a ser tildados de derrochones de energía, de las veredas calentitas como fue en su momento, sino que la gente sepa que, necesitamos , más allá que somos una provincia productora de gas, como habitantes de esta región que este subsidio se mantenga en nuestra factura, porque es un servicio que es un derecho humano y que necesitamos en forma permanente para garantizar nuestra vida cotidiana”, marcó.
Desde Chubut, Jorge Loma Avila, dirigente gremial y diputado por el Frente que llevó a Ignacio Torres a la Gobernación también mostró sus reservas. El bloque que integra, “Hacemos Coalición Federal“, junto al rionegrino Miguel Angel Pichetto, entre otros, se expresó en contra de la asunción de potestades jurisdiccionales que plantea el proyecto de ley y adelantaron su rechazo a varios aspectos, entre otros, este, del proyecto.
“Hay una clara intencionalidad de llevar a la Argentina a un conflicto de poderes”, aseguró el también chubutense, José Glinski, de UxP. Dijo que mantiene contacto permanente con sectores de la pesca, el petróleo y de otras actividades, “que me piden que frenemos este atropello”.
