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Río Grande

Más de 60 familias afectadas por estafas inmobiliarias

Ex jefes policiales de la entonces cúpula de la Caja Previsional de la Policía y empresarios fueron notificados de derechos y garantías por estafas inmobiliarias. Los hechos ya habían sido denunciados en el año 2014, y que afectó a más de 60 de familias, que sufrieron estafas inmobiliarias, por parte de integrantes de la ex cúpula de la Caja Previsional de la Policía de la Provincia. Ahora, la causa avanza en el fuero penal, y en paralelo en lo civil, y son varios ex altos mandos de las fuerzas policiales, y empresarios de la ciudad de Ushuaia, involucrados y que han sido notificados de derechos y garantías procesales.

En declaraciones a Radio Provincia, el abogado de las familias damnificadas, el Dr. Paulino Rossi, explicó en qué consistía la maniobra. Son al menos cinco ex comisarios y empresarios reconocidos de Tierra del Fuego, los que fueron notificados de derechos y garantías procesales en relación a esta causa por estafas inmobiliarias, que afectó a más de 60 familias. “La causa avanza firmemente”, dijo, “hubo empresarios inescrupulosos con contactos políticos que lograron direccionar los fondos públicos para beneficiar a una persona en primera instancia, y han llevado adelante un aberrante delito”.

“Estamos ante un caso escandaloso, es las estafas más grandes de Tierra del Fuego. Estamos convencidos que hubo una asociación ilícita, fueron tan inescrupulosos, que les generaba esta situación de poder, que llegaron a estafar a 60 familias, pagaron su terreno y hoy, es un valdío, es en la zona más cara de la ciudad de Río Grande”, aseguró Rossi.

“Son ex comisarios, la cúpula de la Caja Previsional de la Policía Provincial, encabezado por el ex comisario Dardo Estefó”, además de “Darío Walter Prieto, Walter Heriberto Agra, Osvaldo Piccone, Dino Alberto Manetti, Héctor Miranda y Pedro Díaz, todos en ese momento, involucrados en la administración de fondos públicos”.

“Son fondos públicos, lo que deben hacer es que una parte de los sueldos de los efectivos policiales, se pagan futuras jubilaciones, y otra parte se hacen inversiones, y deberían hacer inversiones para hacer rendir el dinero, lo que hicieron fue un negocio inmobiliario, y por otro lado, había empresarios inescrupulosos, de aparente solvencia, son empresarios con los proyectos gastronómicos más grandes de la provincia de Tierra del Fuego, debe de haber otras características similares”, explicó el abogado

“Esta es una causa incomoda, con mucha presión política y siempre fue difícil avanzar. Defensa del consumidor nunca nos dio respuesta y nosotros avanzamos con demandas civiles, pero los avances fueron en el fuero penal”, agregó.

“El fiscal ha requerido y todos fueron notificados de derechos y garantías, y ha considerado que hay elementos que ameritan profundizar la investigación de funcionarios que administraban fondos públicos y también de empresarios muy reconocidos dentro de la provincia”.

Acerca de los terrenos, Rossi indicó “no se los van a dar, la estafa fue tan grosera que el fideicomiso, estaba administrado por Darío Pretto, empresario del turismo, y las obras estaban a cargo de Walter Agra, reconocido por el Hard Rock, de ribetes bastantes oscuros. El dueño real es la Caja Previsional y otros están usufructuando”, aseguró.

“Hicieron esta maniobra, le cobraban cuotas, comenzaron las demoras y argumentaron artilugios, estamos hablando de la cúpula de la Policía, hubo cartelería, amplia difusión. Los afectados, en primera instancia eran policías, luego vecinos, y cuando no le pudieron cobrar más plata, desaparecieron de la faz de la tierra, cerraron las oficinas, y esta gente quedó desamparada durante años, boyando de un lado a otro, hasta que tomamos la causa y estamos avanzando fuertemente, en el fuero civil y en el penal”, indicó Rossi.

Asimismo, al abogado le “llama poderosamente la atención que en esta provincia donde se han regularizado miles y miles de terrenos que fueron ocupados irregularmente, el silencio ensordecedor de las autoridades de la Caja Previsional y las autoridades provinciales porque esto se administraba con fondos públicos de las jubilaciones de los policías en actividad. Jamás los han atendido, y no hay ni un atisbo de solución para estas familias que están esperando para construir sus viviendas”, refirió.

La maniobra comenzó en el 2014, y la fecha de entrega era en el 2017, “cuando cambiaron los vientos políticos, cuando no había nada más que saquear, esta banda se disolvió”.

Por último, el Dr. Paulino Rossi dijo: “Siempre hubo cuestiones poco claras dentro de la Caja, esta vez fueron muy lejos, porque saquearon a 60 familias. Hay que darle solución lo más rápidamente posible”.

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