La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), Laura Montes, se refirió a los más de 600 adjudicatarios morosos que existen en la provincia y las sentencias de desalojos favorables al organismo, señalando que se trata de "gente que le ha buscado la vuelta administrativa al Estado entonces acumula deuda, pide planes de refinanción y empieza otra vez a pagar una cuota mínima con descuento".
"Esa gente atenta contra el que está esperando hace años una solución habitacional", dijo Montes en declaraciones a FM La Isla, asegurando que "el IPV normalmente nunca desalojaba, pero hoy por hoy tenemos muchísimas sentencias favorables de de desalojo a gente que no cumple o a gente que está ocupando irregularmente".
La funcionaria aseguró que los desalojos se llevarán adelante "con todos los recaudos legales que tenemos que tomar" y si bien reconoció que "puede sonar antipático, debemos ponernos muchísimo más exigentes y más estrictos con el estado de morosidad".
"Tenemos morosos crónicos que en 30 años han pagado siete cuotas de su vivienda, entonces ahí nos vamos a poner exigentes en poder recuperar esas soluciones habitacionales, porque es injusto para el que está esperando", cuestionó.
Sin fondos nacionales
En otro orden de temas, Montes se refirió al trabajo que se lleva adelante desde el organismo para gestionar fondos que permitan culminar la construcción de 500 viviendas en Tierra del Fuego.
Es que, ante la decisión de la gestión de Javier Milei de no destinar más fondos para la obra pública a nivel nacional, desde el IPVyH analizan distintas alternativas con la premisa de garantizar la conclusión de dichas soluciones habitacionales.
“Estamos en una absoluta incertidumbre a nivel nacional por la falta de respuestas y de nombramiento de personas responsables que nos puedan atender”, dijo Montes en declaraciones radiales, asegurando que actualmente no pueden tratar “cuestiones administrativas o de continuidad de financiamiento” con Nación.
En ese sentido, la titular del organismo aseguró que “seguimos esperando que haya alguna respuesta, así sea la más oscura todas y que nos digan que se dan de baja todos los convenios de financiamiento y que cada una de las provincias debe hacerse responsable de que puedan o no terminar obras de vivienda o su infraestructura”.
La funcionaria detalló que de los convenios vigentes “lo último que nos pagaron fue parcialmente octubre del año pasado”, por lo que no mantiene expectativas positivas respecto a la continuidad de esos acuerdos.
“Teníamos proyectadas casi 2.200 viviendas que se licitaron el año pasado y que estábamos esperando las no objeciones financieras, pero todo eso se cayó a partir de estas nuevas políticas nacionales de que no habrá obras públicas”, admitió.
Por esa razón, Montes informó que desde el Instituto avanzan en la elaboración de un proyecto que se presentará ante el Banco Tierra del Fuego (BTF) “para solicitar, como institución del Estado, que podamos acceder a un crédito que nos permita terminar las 500 viviendas en ejecución y luego, a través del recupero, saldar esa asistencia”.
“Más allá de que la Nación decida que no haya obra pública, el IPVyH va a hacer todo lo posible para reinventarse, adaptarse y poder volver a generar soluciones habitacionales, porque el Estado tiene que seguir estando presente”, remarcó.
Y cerró: “Más del 50% de los habitantes de Tierra del Fuego tienen una solución habitacional del IPVyH, entonces queremos ser optimistas para que la institución siga cumpliendo ese rol”.
