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“Posible reducción gradual de los beneficios” de la 19.640

En el proyecto de presupuesto nacional se estimó para el 2023 en cerca de 520 mil millones de pesos el monto de ingresos que el fisco dejará de percibir por el tratamiento impositivo diferencial establecido en la ley 19.640, y para reducir el déficit fiscal plantea una revisión del régimen y una posible reducción gradual de sus beneficios.
De acuerdo a la información contenida en el proyecto que el Ejecutivo Nacional remitió al Congreso a fines de la semana, a lo largo del próximo año por la vigencia del régimen de promoción económica el fisco nacional dejará de recaudar unos 236.300 millones de pesos por liberación del IVA compra y venta, 88.571 millones de pesos por la exención del impuesto a la ganancias, 91.873 millones de pesos por exención de derechos de importación y 102.941 millones de pesos por la alícuota reducida de impuestos internos sobre productos electrónicos, lo que hace un total de 519.720 millones de pesos, total que representa un 0,35% sobre el Producto Interno Bruto.

Si bien la incidencia del gasto tributario del régimen fueguino sobre el PIB se mantiene en el mismo porcentaje que para este año, como parte de las políticas de reducción del gasto fiscal que el Gobierno nacional se comprometió a implementar con el Fondo Monetario Internacional, el proyecto de presupuesto contiene un anexo que contempla una revisión de los impuestos que el Estado nacional deja de recaudar por las facilidades, exenciones y beneficios impositivos vigentes, que alcanzan a fundaciones, mutuales y cooperativas, la deducción especial para trabajadores en relación de dependencia que desarrollan su actividad en la Patagonia y los ingresos de magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales, más otros para IVA y Bienes Personales, junto con los regímenes de promoción económica.

En ese marco, se plantea la revisión del régimen de la 19.640 “vigente desde la década del 70, con el objetivo principal de fomentar el incremento poblacional en la isla” y la “posible reducción gradual del beneficio”.

Desde el Ministerio de Economía de Nación se indicó que con la inclusión de ese anexo “le damos la posibilidad al Congreso de que estudien estos impuestos y estos beneficios” para que evalúen “si hay algún beneficio impositivo que puede reducirse” para mejorar el cómputo de superávit.

Esta pretensión del Gobierno Nacional generó una rápida respuesta por parte del senador

Pablo Blanco y el diputado Federico Frigerio, ambos de Juntos por el Cambio.

En un comunicado conjunto indicaron que “El FMI puso en duda el régimen de Tierra del Fuego y el Gobierno Nacional accedió a modificarlo en el presupuesto”, y que en “medio de un momento de incertidumbre, donde se perdieron más de 2000 empleos privados por la falta de dólares e insumos industriales, ahora se le suma otro golpe terrible a nuestra provincia por parte del Gobierno Nacional. Tras su regreso de EE.UU. el flamante ministro de economía accedió a revisar la eliminación del régimen industrial que acoge a Tierra del Fuego".

Indicaron que “no vamos a dejar que el Gobierno Nacional nos pase por arriba. Están evaluando el aumento de los impuestos internos para las producciones fueguinas. De esta forma, se igualarán los precios de los celulares de Tierra del Fuego al precio de los importados. Si se sigue por ese camino, se extinguirá la producción de teléfonos en Tierra del Fuego dejando a más de 4000 personas en la calle”.
Fuente EDFM

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