En declaraciones al programa El primero de la fila, por Fm La Isla, Bahntje admitió que los procesos administrativos de la Caja de Previsión Social están “muy lejos de lo ideal”, detallando que actualmente “un trámite jubilatorio promedio está tardando más de seis meses”.
En ese sentido, sostuvo que existen “sistemas administrativos que hay que mejorar”, entendiendo que “los circuitos no son los óptimos y así las respuestas están lejos de lo que el afiliado pretende”.
“De lo ideal estamos muy lejos, hoy un trámite jubilatorio promedio está tardando más de seis meses, en parte por la información que hay que recabar, porque es un trabajo casi artesanal”, dijo.
Bahntje sostuvo que desde la Caja “estamos trabajando fuerte con organismos de Gobierno como el área de Recursos Humanos para tener acceso a la información en forma automática y a su vez no pedirle al afiliado la cantidad de documentación que hoy se le pide, porque no hay otra forma de constatar los años de servicio”.
“Creemos que en los próximos meses vamos a comenzar a avanzar, y veremos que los trámites que se indican se pedirá documentación hasta que ya casi no haya que pedirla, porque en definitiva la documentación que le pedimos a los afiliados es información que el propio Estado en algún lado tiene”, afirmó.
El presidente de la Caja señaló que “lo que estamos haciendo es ver cómo hacemos para que dentro del mismo Estado se intercambie esa información y no tener que requerírsela al afiliado, y que solo traiga la certificación de servicios que haya tenido en otra jurisdicción en el caso de que corresponda”.
“Se trabaja en eso y en mejorar los tiempos en determinar los haberes que hoy son muy malos, hay casi un año demora, producto principalmente de una gran cantidad de jubilaciones de fines de 2015, principios de 2016, con el cambio de gobierno donde se triplicó en esos meses el promedio de jubilaciones”, explicó.
Y dijo que “en casi dos meses se presentó lo que se presentaba en medio año”.
Bahntje relacionó esta avalancha de jubilaciones “al cambio de gobierno y la casi certeza de que iba a haber una modificación normativa”, razón por la cual “hubo personas que tenían el beneficio acordado que no habían renunciado, y renunciaron todas en conjunto y luego del período de conflicto cayeron varias renuncias más. Todo eso generó un gran cúmulo de casos”.
“Yo creo que en un par de meses el nuevo sistema va a estar implementado y eso va a comenzar a normalizar estos procesos”, indicó.
