El hombre prestaba tareas en los Tribunales del ex Campamento YPF y tendría libre acceso a los juicios y a información sensible de los casos que le asignaban. Se cree que, una vez que lograba llevar los antecedentes físicos de los procesos a su domicilio, ingresaba al sistema y los cerraba.
La ex mujer del acusado habría encontrado toda la documentación, original y distintos elementos mientras se encontraba realizando una limpieza en la casa que habían habitado juntos, e hizo la denuncia. Aseguró haber visto en varias oportunidades ver a su ex esposo llegar al domicilio con "cosas" de los Tribunales.
Por el momento, la causa se encontraría en instancia de instrucción, en el Juzgado a cargo del Dr. Raúl Sahade. El magistrado ordenó el allanamiento del inmueble y como resultado se habrían recuperado cuatro expedientes judiciales que deberían estar en trámite, sobres de madera membretados y bolsas termoselladas.
En concreto, este empleado judicial (de vasta carrera) se vería implicado en los delitos de “violación de sellos y timbres de instrumento público”, “destrucción de pruebas”, “malversación de caudales públicos” y “encubrimiento agravado”.
Por esta última tipificación se le podría imponer una pena de entre 2 a 10 años de prisión.
