La asociación Abuelas de Plaza de Mayo le pidió a la Corte Suprema que convoque a audiencias públicas, tal como suele hacerlo en temas de alto impacto social, para definir sobre la continuidad o no de las causas por las torturas a los soldados que combatieron en la guerra de las Islas Malvinas.
«Presentamos un pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para requerir la convocatoria a audiencias públicas en la causa que investiga las torturas que sufrieron los ex combatientes», explicó la entidad mediante un comunicado.
Experiencia
Lo hicieron fundamentando el pedido en «la experiencia recolectada a lo largo del proceso de juzgamiento de los crímenes de la dictadura».
La Corte debe pronunciarse sobre si las torturas que sufrieron ex combatientes por parte de sus jefes militares durante la guerra son o no delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, si resultan imprescriptibles o por el paso del tiempo ya se extinguió la acción penal.
Fallos
La Justicia de primera instancia y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia habían considerado que las torturas aplicadas por los mandos militares a los soldados debían ser consideradas delitos de lesa humanidad y, por consiguiente, imprescriptibles.
Pero la Cámara Federal de Casación Penal revirtió ese criterio y cerró la causa, lo que fue apelado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El procurador general interino Eduardo Casal recomendó a la Corte dejar sin efecto el fallo de Casación que, sobre la base de un fallo de 2009, consideró que las torturas no fueron delitos de lesa humanidad «sin expedirse sobre todos los planteos que resultaban conducentes para la solución del caso».
Abuelas recordó que en el expediente hay 95 militares denunciados que consiguieron hasta ahora eludir la acción de la Justicia.
«Esta causa detenta un importante valor en términos del derecho a la verdad, tanto para las víctimas como para el pueblo argentino», resumió la organización.
