A raíz de una denuncia sobre presuntas irregularidades en control de horario del personal, robo de cobre y desmantelamiento de máquinas centrífugas en la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, solicitó al organismo que preside Cristian Pereyra el oficio de las actuaciones para investigar lo sucedido.
Dichas actuaciones no lograron probar los hechos denunciados, sin embargo, el Fiscal puso el ojo en un aspecto llamativo surgido de la investigación y es que el parque de bombas sumergibles existentes en la DPOSS en su mayoría no se encontraría inventariado o bien carece del debido cargo patrimonial.
La denuncia incluía supuestas irregularidades calificadas como “malversación de fondos públicos”. La primera de ellas guardaba relación con la aparente falta de cumplimiento de los horarios de trabajo por parte del personal. La segunda aludía escuetamente al desmantelamiento de bombas centrífugas para sustraer elementos de cobre y en ambos casos se sindicaba a los supuestos responsables de las maniobras.
A partir del requerimiento del Fiscal, la DPOSS inició una información sumaria que concluyó en el archivo de las actuaciones, al no surgir de la pesquisa certeza de los supuestos hechos denunciados y tampoco haber podido individualizar responsable alguno.
Del informe de la instructora sumariante se desprende que el personal que reviste en el área de operación sanitaria planta pretratamiento Bahía Golondrina se encontraría regulado por una serie de contratos de locación de servicios en los que se estipula la cantidad de horas a cumplir.
Además, se informa que si bien no existe un control formal de asistencia, ingreso, egreso y cumplimiento horario del mismo, el sector se encuentra organizado sobre un sistema de turnos rotativos establecidos de acuerdo a necesidad, misiones y funciones a cumplir y documentados a través de un libro de actas de uso interno en el que se dejan asentadas las tareas realizadas.
Los responsables del área adujeron contar con sistemas informales de verificación del cumplimiento de horarios del personal a su cargo y que no se registraron los casos de ausentismo señalado en la denuncia, no pudiéndose corroborar las impuntualidades indicadas en ella.
En cuanto al supuesto robo de cobre y desmantelamiento de bombas centrífugas, el informe de la instructora explicó que sólo dos bombas sumergibles estarían a cargo del área de operación sanitaria y que los operarios encargados de la limpieza y reparación de dichas máquinas no habían advertido la falta de piezas, desconociendo que alguna persona hubiese desarmado o utilizado materiales de desecho para su propio provecho.
En conclusión, para la sumariante, la falta de precisión de la denuncia en cuanto a las circunstancias de los hechos denunciados impidió certificar su existencia.
Sin embargo, para el Fiscal, lo más grave es que, “durante la investigación, los jefes del área adujeron que existirían dificultades en los procedimientos de adquisición y baja de estos bienes, poniendo en riesgo el mantenimiento preventivo que debe primar en los mismos, habida cuenta de su elevado costo de adquisición y reposición, pudiendo incluso llegar a verse afectada la prestación misma del bombeo de aguas residuales”.
“Tales advertencias no parecen haber sido materia de análisis por parte del presidente de la entidad, por lo cual debo exhortarlo a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación de la manera más urgente posible, poniendo especial énfasis no solo en el cumplimiento de los fines de creación de la Dirección, sino también en las obligaciones impuestas por los tribunales judiciales en el marco de las causas por contaminación ambiental que se mencionan en el sumario, cuya ejecución depende en buena medida de la adecuada gestión de los valiosos bienes de uso que integran el patrimonio de la entidad”.
Como última medida, el Fiscal remitió copia al Tribunal de Cuentas para su conocimiento.
