a Jueza Federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto, actualizó la información respecto de la cusa que tramita en su Juzgado por la muerte de cuatro personas en un accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de esa ciudad el 1 de julio del año pasado, y que produjera el fatal saldo entre los ocupantes de un Learjet de traslado sanitario.
Días atrás, la madre de una de las víctimas, la enfermera Denise Torres García, por FM Master’s relató su angustia por la demora en el esclarecimiento del caso, principalmente debido a que la Junta que investiga accidentes de este tipo, después de siete meses envió la caja negra de la aeronave a los Estados Unidos para su análisis.
La señora había cuestionado severamente a los integrantes de esa Junta, pero en cambio rescató el trabajo y el trato que recibieron los familiares de parte del Juzgado que conduce Borruto.
“Como madre, obviamente es algo difícil de ponerse en el lugar del otro en una situación tan desesperante” aludió la Jueza respecto de los dichos. “Estamos en una causa donde hubo un accidente con cuatro personas fallecidas, para la provincia fue un shock, nosotros que somos súper dependientes del tema aéreo” contextualizó a continuación.
A renglón seguido, la Dra. Borruto explicó que, desde el punto de vista humano, “hicimos todo lo posible para que las familias tuvieran los cuerpos lo antes posible, eso se lo agradecemos al grupo de peritos de Tierra del Fuego que hicieron un trabajo increíble”, que consistió en tomar todas las muestras necesarias y después hacer las medidas que se necesitaban, “pudiendo hacerlo al revés, quedarnos con los cuerpos. Pero tratamos de hacer todo lo más rápido, buscamos la contención humana y psicológica”, agregó la magistrada, reconociendo el aporte de las profesionales de la Municipalidad, que, por ejemplo, concurrieron al aeropuerto a recibir los familiares de las víctimas para darles una adecuada contención.
En cuanto a lo material, informó que “las medidas que pudimos disparar se hicieron, algunas están en trámite. Es cierto lo que dice la señora, para analizar la caja negra no tenemos tecnología en Argentina y se hace una exportación temporal a EEUU, con un trámite aduanero y administrativo que no nos compete”, tal como la madre de la enfermera Denise había planteado.
Ese engorroso trámite lo debe realizar la junta que investiga el accidente aéreo, que son los expertos que van a decir técnicamente lo que ocurrió, cuando reciban el informe del país de Norte América.
Desde el Juzgado, sólo pueden remitirse a “mensualmente pedir el estado de situación de esta medida y nos van informando”. Dijo además que “hay muchos accidentes, más de los que uno cree, donde interviene la Junta y hay que efectuar este proceso. Todo es más lento, hay muchos casos”.
De hecho, recordó un caso similar ocurrido en la ciudad chubutense de Esquel, donde se tardó dos años en recibir el informe de la caja negra desde Estados Unidos. “Desgraciadamente lleva su tiempo” lamentó.
Técnicamente lo que se hace es un informe general de todo lo que pudo haber ocurrido. Según su experiencia, la responsabilidad “siempre es una cadena de cosas, no siempre es algo en particular, por eso hay que revisar todo, desde el estado de salud de la personas que estaban arriba, hasta el estado técnico del avión”, todas situaciones que llevan un tiempo considerable.
“No está en nuestras manos, nosotros también necesitamos cerrar esto lo antes posible. Pedimos que se agilice, pero tenemos nuestros límites también” añadió la Dra.
Finalmente, ante las serias objeciones planteadas por la madre de una de las víctimas sobre los tiempos que manejan los organismos estatales auxiliares de la Justicia, la magistrada reconoció que “todo se hizo con inmediatez y profesionalismo. En un ratito estaban todas las fuerzas alrededor tratando de ayudar. Entrevistamos a todos los que estuvieron alrededor del incidente, los hemos escuchado. Hasta la gente de Comodoro Rivadavia porque el avión hizo una escala, nos conectamos con la gente que estaba en la torre, si notaron algo, si vieron algo”.
En cuanto a la empresa prestataria del servicio aéreo de derivación sanitaria, Mariel Borruto informó que la investigación al respecto “la hace la Junta, porque es la que investiga. La empresa no estaría como testigo, pero estamos a la espera de la pericia para ver si tiene responsabilidad o no” concluyó.
