Así manifestó en redes sociales la organización Feminista La Hoguera, que dio a conocer una serie de obstaculizaciones en relación al acceso de mujeres y personas gestantes, a la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Uno de los ejes principales, tiene que ver con el Hospital Regional de Río Grande que continúa siendo objetor de conciencia, pese a que hace ya 2 años, se aprobó la normativa en el Congreso.
“El 30 de diciembre de 2020, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (en adelante IVE). La Ley reconoce el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir y acceder a la IVE hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional.
Asimismo, sostiene el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando éste es producto de una violación, o cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante”, explican. “De esta manera se incorporó a nivel federal el reconocimiento del derecho al aborto seguro y su atención como servicio gratuito y obligatorio del sistema de salud, que debe ser garantizado tanto en el ámbito público como en el privado”.
“La ley es de orden público y, como tal, fija un piso mínimo de derechos que debe ser garantizado en todo el país en condiciones de igualdad”. “Aun cuando hay importantes avances, las mujeres y personas gestantes se enfrentan a profundas barreras en el acceso al aborto. En este contexto, Amnistía Internacional en colaboración con la Hoguera, se propone RECOMENDACIONES AL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO:
Desarrollar acciones de capacitación obligatoria al personal administrativo y médico del primer y segundo nivel de atención en todos los departamentos, a fin de que estén en condiciones de brindar información, garantizar el acceso a la IVE y derivar adecuadamente; -Aumentar la capacidad de respuesta del equipo de profesionales de la salud que garantizan la atención en IVE/ILE, mediante el aumento de la capacidad de atención en el primer nivel, la contratación de profesionales no objetores en el segundo nivel y el fortalecimiento del apoyo técnico y/o administrativo y el trabajo en red de todos los efectores que garanticen la práctica.
Adoptar medidas de carácter inmediato para hacer cesar el estado de incumplimiento de la ley 27.610 en que se encuentra el Hospital Regional de Río Grande, con las consecuentes responsabilidades administrativas, penales y civiles que conlleva. -Fortalecer y acompañar con apoyo administrativo, técnico e institucional, el trabajo de los equipos que actualmente brindan atención en IVE/ILE. -Garantizar el acceso a la información sobre el derecho y el acceso a la prestación. -Informar con claridad el alcance de la objeción de conciencia en el acceso a la IVE/ILE y las obligaciones de los profesionales de la salud.
