En el convenio de colaboración y cooperación firmado entre el Juzgado Electoral y el Ministerio de Economía, se acordó que sea el Poder Ejecutivo Provincial el responsable de “aportar, ejecutar y pagar la totalidad de los gastos de personal, bienes y servicios presupuestados y que deban utilizarse para el correcto desarrollo de los actos preelectorales, electorales y postelectoarles”, como así también el encargado de la gestión de compra de los insumos necesarios.
De los 134,3 millones estimados para afrontar los gastos del proceso electoral, el Poder Ejecutivo deberá aportar 121,4 millones, ya que los 13,8 millones restantes serán cubiertos con fondos electorales que el Juzgado tiene depositados en Cuenta Corriente y Plazo Fijo.
Del total presupuestado, unos 63 millones de pesos (46,6%) se destinará al pago del personal afectado al proceso electoral (capacitadores, autoridades de mesa y auxiliares); unos 43 millones (32%) a gastos en servicios (viandas, viáticos, custodia, etc) ; 23 millones (17,3%) al pago de bienes de uso (insumos informáticos y biombos de cartón) y 5,5 millones de pesos (4%) en bienes de consumo (sobres, lapiceras; material para la capacitación de autoridades de mesa y de los electores).
En este presupuesto de gastos se estimó habilitar 481 meses electorales en 68 centros de votación, de los cuales 31 y 213 mesas corresponderán a Ushuaia, 34 y 250 a Río Grande, y 3 centros y 18 mesas en Tolhuin.
Es de tener en cuenta que el Juzgado Electoral elaboró este presupuesto “tomando como referencia las ultimas erogaciones reales de este tipo, que se corresponden con las efectuadas en las elecciones 2019 y en las elecciones de convencionales municipales de Ushuaia 2022, actualizando los monto en base a los índices oficiales que publica el INDEC a agosto 2022”, por lo que al momento de la elección del 14 de mayo habrá un desfasaje inflacionario de casi 9 meses. Además, para saber a ciencia cierta el costo final que tendrán las elecciones será necesario conocer el costo de otros gastos no presupuestados, tales como la contratación de 18 personas (6 por localidad) durante 30 días previos a la elección, para cumplir tareas logísticas en el armado de urnas y kits electorales; la compra de insumos y gasto en personal para el armado de boxes y acondicionamiento de los centros electorales habilitados; insumos y personal de limpieza y desinfección para acondicionamiento de centros electorales; impresión de padrones para la mesas de votación; y la contratación del sistema de recolección, sumatoria, procesamiento, transmisión y difusión en tiempo real de los datos del escrutinio provisorio y definitivo.
