En principio el funcionario provincial consideró que este programa “aparece como mucho más amplio y ambicioso que Precios Cuidados”.
Respecto de sus características, en cuanto a complejidad y amplitud, dijo que “no se trata de un congelamiento de precios, sino de establecer precios que están fijados y que se tienen que sostener con las variaciones que autorice la Secretaría de Comercio, hasta el 28 de febrero del 2023”.
Chaparro destacó una importante diferencia con programas anteriores, y es que los proveedores que adhiere asumen el compromiso para el resto de productos, los que no figuran en el listado de los 1.823, “de tener un techo para los aumentos del 4% promedio del mes anterior. Es decir que en diciembre el resto de productos que no estén comprendidos dentro de los 1.823, tienen que aumentar como mucho en un 4%”.
Los artículos en cuestión se van a poder identificar a través de una señalética particular. Además, se va a poder controlar a través de una aplicación que se puede descargar de la página oficial de Precios Justos, que va a permitir escanear el producto y corroborar que sea el precio fijado para nuestra provincia, y la posibilidad de efectuar denuncias.
Asimismo, por una normativa de la Secretaría de Comercio, todos los grandes supermercados están obligados a informar a través de un sistema respecto de los precios de manera diaria.
En los comercios adheridos rige la obligación de tener los productos disponibles, al menos en un 80%. Si esto no ocurriera, el propio supermercado debe tener un producto de similares características y ofrecerlo al mismo precio del que figura dentro del programa.
“Ha habido quiebres de productos, quiebres de stock y faltantes notorios de producto” reconoció Chaparro aludiendo a anteriores programas. En esas ocasiones “hemos labrado infracciones e informado a la Secretaría de Comercio de la Nación. Una modificación en la normativa, que tenía los montos desactualizados, se actualizaron los montos de las multas y eso es un gran avance para poder fiscalizar” expresó.