Presentan un proyecto para erradicar el lenguaje inclusivo

El senador de Juntos por el Cambio presentó un proyecto con el argumento de que las comunicaciones de los tres poderes “sean comprensibles para todos” y “únicamente” en español.

Alfredo De Angeli presentó un proyecto para que el castellano sea el único y exclusivo idioma para la redacción de documentos oficiales. Foto Juano Tesone

El senador Alfredo De Angeli dejó las cuestiones agrarias de costado por un momento para embarcarse en un proyecto de ley que busca erradicar el lenguaje inclusivo de los documentos oficiales que produzcan los tres poderes del Estado al impulsar el uso del castellano como “único y exclusivo idioma oficial” para la redacción desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

“Legalmente está establecido el castellano y el idioma de los pueblos originarios como oficial en Argentina. Debemos respetar este lenguaje para dar seguridad a los ciudadanos en materia de comunicación. Seguridad que también promueve la inclusión de los destinatarios”, argumentó el senador de Juntos por el Cambio.

En el proyecto, de apenas cuatro artículos, se establece que el idioma castellano será el “único y exclusivo oficial para la redacción de leyes, decretos, resoluciones y demás documentos oficialedictados por cualquier de los tres poderes del Estado en todos sus niveles de gobierno”.

La avanzada se da después de la prohibición desde el Ministerio de Educación porteño del uso de lenguaje inclusivo en aulas, una controversia planteada por la ministra Soledad Acuña que tuvo respuestas y polémicas rimbombantes con Axel Kicillof que llamó a que los alumnos «se rebelen» contra la RAE y España.

En la actualidad, el Ministerio de Salud dispuso que se promueva «el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva como formas expresivas válidas» en las producciones, documentos, registros y actos administrativos de todos los ámbitos de la cartera. Por su parte, el PAMI adoptó una medida similar.

En las explicaciones que brindó De Angeli en sus redes sociales, reconoció que “actualmente, nuestra Constitución no contiene una cláusula específica sobre como deben estar redactados los documentos oficiales (como sí Colombia, Perú o España)”.

No obstante, aclaró que “es fundamental garantizar que las comunicaciones oficiales sean comprensibles para todos los habitantes del país”. «El Estado no puede soslayar el idioma oficial por preferencias individuales o de ciertas comunidades de utilizar determinado léxico”, agregó.

A su vez, subrayó que este proyecto “no excluye la posibilidad de la elaboración y comunicación de los documentos oficiales en otro tipo de lenguas que identifique a otros grupos o comunidades, sino más bien que sea entendible para todas las personas que habitan nuestro territorio”.

Y resumió a modo de conclusión: “El espíritu de este proyecto busca: Utilizar un castellano correcto en términos normativos, por sus principios y disposiciones muy claras, inteligibles por todos los ciudadanos. Y contar con todas las herramientas lingüísticas para ser inclusivo a todos los habitantes del país”.

La Ciudad prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las aulas

Como una medida que buscó “recuperar los aprendizajes perdidos”, el Ministerio de Educación porteño acaba de firmar una resolución que promete traer polémica, porque prohíbe que los docentes usen la “e”, la “x” o el “@” dentro de las aulas. Ya no se podrá usar «chiques” o escribir “todxs” frente a los alumnos.

El argumento fue que, en el contexto de la emergencia educativa generada por la pandemia, esas expresiones del llamado lenguaje inclusivo son una barrera que dificulta el aprendizaje de la lectoescritura.

Así se estableció que todos los docentes del distrito, de los niveles inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, “deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

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