La Municipalidad de Ushuaia expresó su preocupación por la abultada deuda que mantiene el Estado provincial con la ciudad y lamentó que “lejos de resolverse el flujo de fondos de coparticipación federal, coparticipación provincial y regalías, que debe transferir el Gobierno de la Provincia a la Municipalidad de Ushuaia en tiempo y forma, la deuda actualmente supera los 400 millones de pesos y en lo que va de febrero, la ciudad recibió menos del 10% de lo que correspondía al mes de enero”.
Tras señalar que “a lo largo de todo el año 2020” se elevaron los reclamos correspondientes por vía administrativa, desde el gobierno capitalino se cuestionó “las injustificadas demoras en las que incurre la administración de Melella al retener fondos que no le pertenecen”.
“El Gobierno de la Nación envía todos los días los recursos nacionales a cada una de las provincias y, de igual modo, cada provincia debe distribuirlo a sus municipios de acuerdo a los porcentajes que fijan las leyes por las que se rigen”, observó la secretaria de Economía y Finanzas de Ushuaia, Brenda Tomasevich.
La citada funcionaria recordó que “se trata de fondos que son de todos los vecinos y vecinas, para el funcionamiento de la ciudad que brinda servicios” y aclaró que “no son fondos que reclama el intendente para sí, sino que se trata de fondos que le corresponden a la ciudad y que deben ser enviados en tiempo y forma, con criterios que ya fueron acordados”.
“El actual gobernador fue antes intendente y sabe muy bien las dificultades que esto genera para hacer frente a las necesidades de los vecinos y vecinas”, fustigaron desde el Municipio.
Según se precisó, la Provincia mantiene una deuda de coparticipación nacional por ingresos federales, coparticipación provincial por los ingresos de AREF y de regalías hidrocarburíferas por un importe que supera los 400 millones de pesos, que en el último tiempo se fue incrementando cada vez más.
En ese marco se anotó que “la primera semana de febrero ni siquiera se alcanzó al 10% de lo que le correspondía recibir por enero, ya finalizado”.
En cuanto al tiempo de demora, se aseveró que “está rondando los 35 días y la deuda sigue creciendo día a día”.
“Esta situación ataca el principio de autonomía municipal poniendo en riesgo la gestión del ejecutivo en cada una de las prestaciones y servicios para los vecinos”, se advirtió.
