Procesaron al funcionario involucrado en un caso de narcotráfico

La Justicia Federal de la ciudad de Río Grande dictó ayer el procesamiento, sin prisión preventiva, del actual subsecretario de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, Gustavo Gabriel Caro, en una causa por narcotráfico donde se lo acusa de transportar droga en un vehículo oficial, y de gestionarle a otro miembro de la organización delictiva, un permiso de circulación para ser usado durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, confirmaron fuentes oficiales.
La jueza Mariel Borruto procesó a Caro “en calidad de partícipe necesario” del delito de “transporte de sustancias estupefacientes con fines de comercialización”, y también por “haber hecho insertar en un instrumento público declaraciones falsas”, aprovechándose de su condición de funcionario, señala el pronunciamiento judicial al que accedió este medio.
La resolución dispone que el subsecretario, al que el gobierno provincial licenció de su cargo pero todavía no dio de baja, continuará en libertad mientras se desarrolla el proceso, aunque establece un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $5 millones.
Borruto investiga el accionar de una banda dedicada al narcotráfico en la provincia, a partir del hallazgo de 27 kilos de marihuana durante varios operativos realizados entre el 15 y el 19 de junio.
Escuchas telefónicas y tareas de inteligencia policial derivaron en la vinculación de Caro, de 39 años, quien mantenía contacto fluido con miembros de la banda.
“Se pudo determinar la participación de Gustavo Caro dentro de la presente organización, donde facilitó un certificado en favor de uno de los principales imputados, y además habría facilitado el traslado de sustancia estupefaciente en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio derivado de la pandemia del Covid-19”, escribió la jueza en el auto de procesamiento.
Según la magistrada, Caro fue el responsable de “otorgarle un certificado de excepción apócrifo rubricado por Alejandro Barría, subsecretario de Infraestructura del Ministerio de Salud de la provincia, a Agustín Anchordoqui”, uno de los imputados y detenidos por su participación en el caso.
El permiso le permitió a Anchordoqui circular libremente por las calles de las ciudades de Río Grande y de Tolhuin durante la cuarentena.
Además, la jueza valoró que el funcionario le ofreció a Anchordoqui “transportar la sustancia ilegal en una camioneta del Estado provincial”.
De una intervención telefónica, incluso, se desprende que el subsecretario le pidió a otro miembro de la banda “un par de Cds” (como se le dice en la jerga criminal al fraccionamiento de 25 gramos de marihuana) para llevar a Tolhuin, y que pasó a buscarlos por una vivienda de Río Grande.
“Caro prestó ayudas a la organización y recibió prima facie sustancia estupefaciente en condición de retribución o pago. Sus contribuciones a la banda fueron determinantes, específicas y decisivas para que los demás miembros cumplan su fin delictivo. Prestó una colaboración con características particulares o esenciales”, afirma la resolución de la jueza Borruto.
No obstante, el fallo entiende que “no existen circunstancias fundadas, que permitan suponer que el imputado intente evitar el procedimiento al cual se encuentra sometido, o entorpecer la investigación”, por lo que se dispone que continúe en libertad.
Hasta el momento, Borruto dictó el procesamiento de seis personas más: Carlos Mario Bennati, Agustín Anchordoqui, Gastón Vicente Denis Almada (con prisión preventiva) Juan Ariel Duarte, Luis Eduardo Alcoba y Gustavo Anchordoqui (siguen en libertad).
Caro había sido indagado el pasado miércoles 15, cuando se presentó a declarar y negó los cargos, defendido por el abogado Francisco Ibarra.
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