Ayer, los abogados Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso, representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, (CECIM), pidieron al juzgado federal de Río Grande que “se habilite la feria judicial atento a la naturaleza de la causa 1777/07 ya que se investigan delitos de lesa humanidad cuyo tratamiento no admite demora dado la gravedad del caso, entendiendo que la causa comenzó en el año 2007 por lo que lleva 13 años de trámite judicial”.
Los letrados solicitaron información relacionada con el trámite del expediente de referencia, para comunicar a las víctimas respecto del cronograma de indagatorias y planificación.
“Resulta un imperativo en la debida diligencia en el tratamiento de los crímenes de Estado cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En dicho sentido, la posibilidad de que vuelva a fijar fecha para las indagatorias pendientes resulta un punto central en la lógica reparatoria que detenta el proceso”, plantearon.
En el escrito, Guerrero Iraola y Alonso expresaron que “quedó de manifiesto, con las declaraciones de los cuatro primeros (ahora) procesados, que la implementación de tecnología en las declaraciones es una posibilidad efectiva en las actuales circunstancias, además que el fuero cuenta con el despliegue técnico necesario como para avanzar, y el aislamiento vigente es, tal vez, una buena oportunidad para imprimir una nueva dinámica a las actuaciones”.
El planteo judicial, va en coincidencia con lo solicitado por los organismos de Derechos Humanos de la República Argentina; quienes pidieron la continuidad de los juicios de lesa humanidad cometidos por la última dictadura, más allá del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.
Este lunes, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que nuclea a varios sobrevivientes de centros clandestinos de detención, querellantes y testigos en los debates orales, reclamó al Poder Ejecutivo y al Judicial recursos económicos y humanos “para que continúen los juicios con las condiciones de salubridad necesarias en esta pandemia en todas las instancias”.
“Los juicios deben seguir y deben seguir siendo orales y públicos”, remarcaron, en respuesta a la intención general de continuar los procesos por la vía remota. La postura es contraria a la que vienen sosteniendo organismos como Abuelas y el Cels, también la Secretaría de Derechos Humanos, que vienen pidiendo que la Justicia llegue, si es necesario, en forma remota, tomando como ejemplo el juicio de la “Subzona 15” en Mar del Plata , cuya sentencia fue dictada de esa forma.
La semana pasada, la Cámara de Casación Penal habilitó a los tribunales federales a que retomen los debates, hasta el momento en su mayoría suspendidos, y les recomendó que utilicen, para eso, la vía remota. Lo hizo al responder a un pedido realizado la semana anterior por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad con el objetivo de superar el parate en el que se encuentra el proceso de juzgamiento a genocidas frente a la pandemia.
