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Martínez de Sucre pone en duda legalidad del CCT de Bertone

La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego emitió un dictamen que le abre la puerta a la actual gestión provincial para dejar sin efecto el convenio colectivo de trabajo que sobre el final de su mandato firmó la ex gobernadora fueguina, Rosana Bertone.

Con la firma de Virgilio Martín de Sucre, el organismo de contralor aconsejó a la actual administración de gobierno que verifique de forma exhaustiva si el convenio se “ajusta al orden público vigente y al interés general”.

La opinión de Martínez de Sucre surgió en el dictamen 1/2020, fechado el pasado 6 de enero y se generó a partir de la presentación de José Luis César Jairo, quien denunció el contenido y los alcances del convenio que firmó Bertone junto a los dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), con fuerte rechazo de otras organizaciones sindicales.

La intervención del organismo de control no es menor, ya que podría habilitar el gobernador Gustavo Melella a proceder a derogar el decreto 4115/19 por el cual se aprobó el convenio colectivo para los agentes públicos de la administración central. El actual mandatario ya había objetado la posible ilegalidad de esa herramienta laboral.

“El Ministerio de Trabajo deberá proceder urgentemente a verificar de forma exhaustiva y acabada si el convenio colectivo celebrado el 28 de noviembre del corriente se ajusta al orden público vigente y al interés general, observando aquellas cláusulas que resultan repudiables a aquellos”, es una de las conclusiones volcadas por el Fiscal de Estado.

El dictamen subraya que “se advierten llamativas anomalías”, y destaca que “se prescinde completamente del sistema de negociación establecido hasta ese momento” y que “no intervienen los representantes paritarios ni se respeta el reglamento interno de la comisión aprobado tras extenso debate mediante resolución 201/19 y observado en líneas generales durante todo el expediente”.

“Se forman expedientes administrativos independientes”, detalla entre las cuestiones polémicas del proyecto y además, “se desecha todo lo actuado hasta el momento y se propone un nuevo temario desde cero, a ser tratado fuera del ámbito de la cartera laboral, todo sin brindar ninguna explicación”.

Martínez de Sucre expresa que “la reactivación de las comisiones paritarias se produce luego de más de cuatro años de no ser convocadas y a escasas semanas del recambio de autoridades provinciales. Luego, al extenso acuerdo se arriba en un plazo no mayor a un mes, sin constancia del debate habido en el seno de las partes”.

Agrega que “para colmo, el convenio adolece de evidentes defectos de redacción, repite la numeración de artículos para clausulas distintas, demuestra una estructura confusa que ubica indistintamente título dentro de capítulos y viceversa, por mencionar algunas de los vicios” y puntualizó que “queda claro que lo ocurrido no coadyuva a dotar de transparencia y legitimidad al proceso de negociación”.

En otro párrafo de su dictamen dice que “del estudio de los expedientes se desprende que el acto homologatorio del Ministerio de Trabajo y el decreto emitido por el Poder Ejecutivo exhiben claramente una serie de irregularidades que me convencen de la necesidad de llevar a cabo por parte de la administración una pronta revisión de lo actuado”.

Y, más adelante, plantea que “el Ejecutivo deberá subsanar las omisiones incurridas en el decreto 4115/19 y someter la totalidad de las cláusulas que impliquen incremento del gasto corriente, impacto y/o modificación de partidas presupuestarias, incluyendo las que estime pertinente el Tribunal de Cuentas”.

 

Fuente HD

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