Vázquez forma parte de un equipo junto con Francisco Sangrando y Angélica Tívoli. “Hace por lo menos 25 años que venimos trabajando en la arqueología del sur de Tierra del Fuego y específicamente en el canal Beagle. Los tres somos arqueólogos y desde mediados de los ’90 empezamos a venir a trabajar a la zona en los proyectos que dirigían Ernesto Piana y Luis Orquera”, informó.
“No nos han convocado nadie formalmente, solamente se hicieron consultas por parte de una consultora (Morandi) a la cual le presentamos propuestas de trabajo para hacer el estudio de impacto sobre el patrimonio arqueológico, el tipo de tareas que había que hacer, cuánto tiempo duraría el trabajo, y por otro lado en los últimos meses mantuvimos varias reuniones con funcionarios del gobierno, con ministros y personal técnico, que nos hicieron consultas del mismo tipo”, relató.
“A ciencia cierta no hubo una convocatoria formal a hacer el trabajo, ni hacia el CADIC ni hacia ninguno de nosotros como profesionales individuales. Concretamente nos pidió esta información el ingeniero Morandi, de parte de una consultora, pero fue siempre una charla informal, nunca hubo un pedido formal al CADIC y tal vez las propuestas que hicimos no les han cerrado por el motivo que sea y optaron por buscar otra solución”, barajó, tras la decisión de recurrir a un profesional de fuera de la provincia.
“Nosotros planteamos lo que profesional, técnica y éticamente creemos que es lo que debe ser un estudio de impacto arqueológico, que consiste en el recorrido y el relevamiento detallado de toda la zona que va a ser afectada por una obra, en este caso una ruta de casi 130 kilómetros”, sostuvo.
“La propuesta de trabajo no era para resolver esto en pocos días, sino que abarcaba un tiempo de cuatro o cinco meses, preferentemente meses de verano, porque en invierno las horas de luz y las condiciones climáticas no permiten aprovechar el tiempo de la misma manera. Las propuestas las hicimos aproximadamente a principios de julio y siempre de manera informal. Hubiéramos preferido una solicitud formal al CADIC, porque somos empleados del estado y tampoco podemos actuar como si fuéramos arqueólogos independientes. El pedido formal hubiera sido necesario en algún momento, pero se ve que las propuestas que hicimos no se adecuaban a lo que querían los consultores, la empresa, o quien fuere”, reiteró.
Aclaró que “nunca hubo una traza del todo definida o por lo menos nosotros no la conocimos nunca, pero estimamos que es un recorrido de 130 kilómetros aproximadamente, por un lugar con una altísima cantidad de sitios arqueológicos. Esto lo sabemos porque conocemos el lugar y hay una alta cantidad de yacimientos. El plazo que planteamos era de cuatro o cinco meses, ajustándonos, porque lo ideal sería un semestre, empezando en primavera para terminar en marzo”.
Lo cierto es que la empresa Gancedo, adjudicataria de la obra, habría contratado por sí o a través de una consultora a un profesional de fuera de la provincia. “Yo no voy a juzgar las condiciones profesionales de un colega, que individualmente debe tener las condiciones necesarias para llevar adelante el trabajo, pero debo decir que a mi entender la que debe llevar adelante el trabajo es la empresa, no el estado provincial, porque la empresa es la que recibe el dinero. El estado es responsable de evaluar el trabajo de impacto que tiene que resolver la empresa. Independientemente de qué arqueólogo trabaje en la provincia, no es el que debe hacer el análisis de impacto, sino en todo caso fiscalizar ese análisis”, dijo.
Indicó que “la provincia tiene un arqueólogo profesional que trabaja para la Secretaría de Cultura. No lo conozco personalmente, pero tengo entendido que ha sido convocado un antropólogo social, no un arqueólogo, que no es de la provincia, para trabajar en este análisis de impacto de la ruta 30. No sé cuál es el perfil de este investigador, pero, a no ser que la obra se posponga, es muy difícil que pueda hacer un trabajo del tipo que se debería hacer, en pocas semanas o en un mes. Estos estudios de impacto están establecidos por leyes, no es que se me ocurre a mí o a algún militante ambiental. Están definidos en una ley provincial y también en una ley nacional”, subrayó.
El lunes hubo una reunión con representantes de ONGs y profesionales locales. “El equipo del que formo parte convocó a una charla, y fue una convocatoria mutua de parte de representantes de ONGs para hablar del tema y ponernos al día de estas cuestiones. Siempre alrededor de todo esto suele haber teléfonos descompuestos, cosas que se dicen de un lado y otro. Con un grupo de representantes de distintas ONGs de Ushuaia, de las cuales participo porque soy miembro de una de ellas, informamos los alcances de la normativa legal de protección del patrimonio arqueológico, y esta situación de que los arqueólogos del CADIC no estamos haciendo el estudio de impacto, algo que no todos sabían. Algunos suponían que había arqueólogos del CADIC haciendo este trabajo. También transmitimos nuestra preocupación de nuestra parte y de las ONGs de protección ambiental, porque no se está haciendo esto como debiera hacerse”, advirtió.
“La empresa Gancedo, a través de la consultora Morandi, no ha convocado a los arqueólogos del CADIC y en un mes no se puede hacer ese trabajo”, sentenció.
Consultado sobre la participación de los propietarios de las estancias por las que pasa la traza, dijo que “Abby Goodall -de estancia Harberton- estuvo en la reunión del lunes, compartimos algunas opiniones, también estuvo gente de la fundación Ushuaia XXI, de la fundación para la protección de la Península Mitre, de la asociación Bahía Encerrada, de la Asociación Mane’kenk, gente de la asociación de guías de turismo, de la agrupación Bahía Coala, que son representantes de la comunidad yagán y también tienen mucho para opinar, porque ellos tienen una vinculación más directa con este patrimonio cultural, que es la materialidad de su pasado”.
Remarcó por último que “el patrimonio arqueológico es un bien público, no es del gobierno de turno que lo puede sacrificar o condenar como se le ocurre, ni tampoco es de los dueños de la tierra. Es un bien público y está reconocido por la Constitución y las leyes provinciales”.
