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El Gobierno avanza con la eliminación de 1.000 cargos políticos

El plan de recortar la planta política del Estado antecede a los efectos de las últimas corridas cambiarias que experimentó la Argentina.

 

Pero ante el avance de la inflación, que parece ser incontrolable, Cambiemos "puso primera" con la eliminación de casi mil posiciones. 

La tijera oficial comenzó a trabajar en marzo pasado, con la difundida reducción de 974 cargos políticos en los ministerios y el congelamiento hasta el año próximo de los sueldos de los funcionarios. El próximo paso, según La Nación, será la etapa de "rediseño de estructuras jerárquicas" del Estado, con la desaparición de más de mil puestos políticos en los 34 organismos descentralizados.

 

Estos movimientos generarían, en total, un ahorro de al menos $751 millones.

"La idea es hacer más ágil el Estado, mejorar su funcionamiento y atender mejor a los ciudadanos. Reducir la cantidad de cargos políticos es mostrar que la política también participa del esfuerzo para alcanzar el equilibrio presupuestario", escribieron los funcionarios en un memo interno al que accedió el matutino.

 

Hasta ahora, el segundo capítulo del ajuste interno se efectivizó en 25 de los 32 organismos descentralizados, en los que se redujo el 34% de los cargos jerárquicos (se pasó de 2973 a 1965 cargos). "Eso significa una reducción presupuestaria de 26% para la estructura de los organismos descentralizados", afirmaron las fuentes oficiales.

 

Algunos de los organismos incluidos en esta segunda etapa son la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Administración de Parques Nacionales (APN), la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional del Cáncer (INC) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

 

En la revisión de cada uno de los legajos, los responsables de implementar este plan de recortes encontraron que las estructuras de estos organismos no habían sido revisadas desde su creación y no reflejaban los cambios de entorno y prioridades.

 

"Había cargos duplicados, diseños organizacionales sin criterio, organismos que tenían un cargo político cada tres empleados y personas designadas en cargos inexistentes, entre otras anomalías", contaron los responsables del trabajo a La Nación.

 

La tercera y última etapa del plan, que comenzó en agosto, promete ser aún más dura: otros 40 organismos serán alcanzados y se están revisando unos 4000 cargos de conducción.

 

Ibarra y su equipo analizan por estos días las estructuras de los ministerios que absorbieron otras carteras, en busca de duplicaciones o gastos innecesarios. "Y sí, puede haber despidos", afirmó un funcionario cercano a los movimientos de los nuevos funcionarios de la Jefatura de Gabinete. Las áreas administrativas y de recursos humanos serían, en estos casos, las que sufrirían los nuevos ajustes.

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