“Desde la creación en el año 2010 del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles se han incorporado, en forma obligatoria y gratuita, diversas vacunas en pos de mejorar la salud, y proteger la vida de los niños, niñas y adolescentes”, por lo que la suspensión de esta vacuna “resulta violatoria de éstos derechos”, aseguraron en un comunicado desde la organización Abogados por la Justicia Social (AJUS).
Las y los abogados cuestionaron que “las políticas nacionales llevadas a cabo desde el Poder Ejecutivo Nacional, a través de su Ministerio de Salud, ahora degradado al rango de Secretaría, niegan los elementales derechos humanos a la vida y a la salud, que se agravan cuando afectan a una población vulnerable”, como “niños, niñas y adolescentes carentes de recursos económicos para costear los, aproximadamente, dos mil pesos que cuesta la vacuna que se ha suspendido”.
De esta manera, le pidieron al Poder Judicial Federal de la Ciudad de La Plata que “otorgue una respuesta rápida y oportuna, restableciendo la aplicación de la vacuna con carácter gratuito y obligatorio a todos los niños, niñas y adolescentes”, y que sea descargado “el argumento de falta de stock, conforme lo han desmentido los laboratorios que producen el inoculante”.
Por otra parte, remarcaron que “el objetivo de incorporar la vacunación antimeningocócica en niños de 11 años de edad obedecía a disminuir la portación de la bacteria en éstos, y evitar el contagio en los niños y bebés que poseen una mayor vulnerabilidad ante ésta enfermedad”, de acuerdo a las recomendaciones de distintos organismos de salud nacionales e internacionales.
Además, destacaron que “a lo largo de la última década se han realizado importantes políticas de inmunización mediante el Calendario Nacional de Vacunas y Campañas Focalizadas”, fortalecido por “las políticas de prevención de enfermedades y de muerte en niños.
