El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, confirmó la medida cautelar que prohíbe cortar el suministro de gas a los usuarios que no lo puedan pagar. El magistrado les advirtió a las prestatarias del servicio que serán sancionadas con una multa de entre $1.000 y $100.000 por cada corte "ilegítimo".
Al mismo tiempo, Ramos Padilla rechazó dos planteos del juez en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Enrique Lavié Pico, para que el proceso pase a ese fuero porteño.
En su resolución, el juez de Dolores señaló que el servicio de gas "no puede convertirse en un bien suntuario de acceso limitado sólo para determinados grupos". Y remarcó que el Estado debe garantizar un estándar mínimo de calidad de vida y la accesibilidad a los servicios públicos esenciales.
También explicó que, a pesar de que la Ley de Emergencia Tarifaria fue vetada por el presidente Mauricio Macri, "eso no modificó las circunstancias de hecho y de derecho vinculadas a la obligación del Estado de atender derechos indispensables y la situación de los sectores vulnerables".
En este sentido, dijo que la decisión judicial señala "algo tan simple como importante, como es que los ciudadanos más vulnerables económicamente imposibilitados de pagar el nuevo cuadro tarifario deben ser protegidos por el Estado".
Ramos Padilla había hecho lugar a un amparo colectivo presentado por la Asociación de Consumidores Argentinos, que pidió declarar nulos e inconstitucionales los aumentos de gas y suspender la aplicación del nuevo cuadro tarifario. La ONG solicitó también que se ordene al Ministerio de Energía y Minería de la Nación convocar a una audiencia para fijar el valor del gas.
Tras la presentación, el magistrado dispuso "como medida cautelar interina que todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a partir del día de la fecha derivado de la falta de pago". La medida tendrá una vigencia de 90 días hasta que se presenten el Gobierno y el ENARGAS, organismo que controla la prestación del servicio, para debatir sobre la cuestión de fondo.
