Esta mañana se presentó en los tribunales del Campamento YPF un grupo de vecinos denunciando hechos que consideran delictivos respecto a que 107 familias fueron intimadas por el IPV en relación a “una presunta deuda de expensas devengadas por un consorcio y los vecinos aseguran que nunca operó, los edificios emplazados en este sector nunca han recibido ningún tipo de mejora, nunca han tenido mantenimiento”, comentó el abogado denunciante, el Dr. Cristian Rubio.
El demandante es un hombre identificado como Andrés González, al que “algunos señalan que sí conocen, otros que no, y otros que si llegaron a pagar pero después de un tiempo dejaron de hacerlo porque n veían mejoras o mantenimiento. Nunca hubo mejores en conservación de las unidades funcionales”, relató el abogado.
En cuanto a la denuncia refrendada por cerca de 30 familias, dado que aún no todos fueron notidicados, Rubio agregó que la idea es “poner en conocimiento de la autoridad pública por lo que entendemos es un cobro de dinero al IPV quien es el titular registral de las unidades, a través de la figura del consorcio de copropietario, con una deuda que es ficticia al no haber operado nunca”.
“El IPV sería el responsable, pero se traslada esta situación a los vecinos por cédulas administrativas, y envía un pedido de regularización de la deuda bajo apercibimiento de en cinco días ser des adjudicados de las unidades funcionales. Esto ha generado un malestar e incertidumbre entre los vecinos”, sintetizó el abogado denunciante.
