El dictamen del Fiscal de Estado se emitió en el marco de la acción que busca declarar la acción de inconstitucionalidad y una medida cautelar de las leyes previsionales dictadas en enero del 2016, presentación efectuada desde el Frente de Gremios por el referente de Sejup, Rafael Ponce.
Fappiano entiende “la seguridad social como un derecho humano y los pactos internacionales limitan la facultad del Estado de adoptar medidas de excepción que no sean compatibles con las obligaciones que les impone el derecho internacional”.
Diferencia el concepto de seguridad social de asistencia social, “precisamente en que el primero de estos sistemas se solventa con el aporte dinerario de las propias personas alcanzadas por sus diferentes prestaciones” por lo que “la exigencia de cumplimiento resulta más intensa”, expresa.
En tal sentido entiende que “el régimen previsional vigente en la provincia se trata de un sistema de seguridad y no de asistencia social”, entonces “los aportes y contribuciones se destinan a solventar el sistema y las prestaciones que no son beneficios como malamente los califica el funcionario del Ipauss, sino auténticos derechos, derechos fundamentales”.
“No se pueden amparar medidas de este tipo en problemas financieros únicamente, entendiendo que el Estado”, dice, “debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo para satisfacer, con carácter prioritario, estas obligaciones mínimas”.
En ese sentido es concluyente el Fiscal de Estado “no puede sostenerse que ese esfuerzo se llevó a cabo”.
Oficios para clarificar
Más allá de fijar posición Fappiano no es concluyente y reclama más medidas para recabar información en ese sentido, solicitando girar oficios al Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación a fin de determinar si la provincia buscó colaboración internacional para cumplir con los pactos y convenciones con el objeto de resolver el desequilibrio financiero de su sistema de seguridad sociales sin afectar derechos.
En ese sentido incluso se animó a cuestionar “el estado de emergencia que estipula la ley 1068”, y que puede afectar y contrariar “previsiones que contemplan los pactos internacionales de Derechos Humanos a los que ha adherido el país, lo que puede generar problemas al Estado Argentino”.
Otros oficios apuntan a la ANSES por si la provincia buscó solucionar el problema de desequilibrio; así como también al Ipauss, Tribunal de Cuentas y Ministerio de Economía, a fin de conocer medidas presupuestarias adoptadas.
Finalmente a la Legislatura respecto del contralor desarrollado al respecto, en una resolución no vinculante pero de peso por parte del Fiscal de Estado.
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