No hubo trata de personas, sino prostitución

l juez Federal de Ushuaia Federico Calvete resolvió que no existe presunción de que se haya cometido el delito de trata de personas en la causa vinculada con el operativo realizado la semana pasada en la ciudad de Río Grande, donde fueron encontradas nueve mujeres relacionadas con un “privado” donde se ejercía la prostitución.
El magistrado tomó esa determinación luego de analizar que en el caso particular no se había podido verificar, “ni siquiera con un bajo grado de probabilidad”, la existencia de los presupuestos mínimos de la trata, como el “aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad” social de las supuestas víctimas, el “traslado” desde otra jurisdicción mediante engaños o la explotación sexual que beneficiara a un tercero, informaron fuentes judiciales consultadas por EDFM.
Calvete había ordenado el miércoles pasado el allanamiento de dos domicilios de Río Grande, uno en la calle San Lorenzo del barrio de “Camioneros”, y otro en la calle Colon al 600 donde hay dos viviendas, una posterior en la que habitaban las mujeres y otra que se utilizaría como “privado” para el ofrecimiento de servicios sexuales.
Como resultado del procedimiento fueron puestas a resguardo de la Justicia siete mujeres de nacionalidad argentina (una nacida en Tierra del Fuego) y dos dominicanas.
Todas ellas fueron entrevistadas, luego, por psicólogos de la Secretaría de Derechos de Familia y Políticas de Género dependiente del gobierno provincial, y el resultado de esas conversaciones fue uno de los elementos valorados por el juez para desechar el delito de trata.
“No es lo mismo que encontramos en situaciones como la de los locales nocturnos “Sheik” o “Red And White”, en Ushuaia. Aquí puede haber ofrecimiento de servicios sexuales e incluso un proxeneta que se beneficie de eso, pero no están los elementos identificatorios de la trata”, explicó la fuente judicial consultada.
El juez Calvete, que aunque tiene jurisdicción en Ushuaia subroga el juzgado de Río Grande, se declaró entonces “incompetente” para seguir interviniendo en la investigación y giró las actuaciones al juzgado penal de la provincia, con el objetivo de que se analice la presunta comisión de otros delitos, como la facilitación de la prostitución o el proxenetismo.
El magistrado también ordenó la inmediata libertad de la mujer de 28 años que había sido detenida el día de los allanamientos, e imputada como la supuesta integrante de una red dedicada a la trata.
El pronunciamiento de Calvete “no está firme” y todavía podría ser apelado por la Fiscalía Federal de Río Grande, a la vez que la declaración de incompetencia también podría ser observada por el juez de instrucción provincial que reciba el expediente, señalaron las fuentes.
Los operativos en Río Grande fueron realizados por personal  de la “Delegación de Inteligencia Criminal” (DIC) de la Prefectura Naval Argentina, que también estuvo a cargo de las tareas investigativas previas a los procedimientos.
La secretaria de Derechos de Familia y Políticas de Género del gobierno fueguino, Susana Melgarejo, admitió que ninguna de las mujeres había “aceptado ayuda del Estado” luego de las medidas judiciales.
“Son momentos difíciles porque algunas no se asimilan como víctimas e interpretan lo ocurrido como una irrupción a la vida que estaban llevando”, explicó Melgarejo, aunque el juez tomó en cuenta sus dichos para descartar el funcionamiento de una red de trata.
El operativo en Río Grande se llevó a cabo pocas horas después de que se dictó en Ushuaia una condena calificada de “histórica” donde por primera vez una víctima de trata, Alika Kinán, fue querellante contra sus captores.