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Comenzó el trámite para la exoneración de los docentes

El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, inició los juicios de exclusión de la tutela sindical contra los 17 gremialistas docentes condenados por el ataque y la toma de la Casa de Gobierno de mayo de 2013, según confirmaron ayer fuentes vinculadas al caso.

Según publicó El Diario del Fin del Mundo, además de la condena judicial producida del año pasado, que no se encuentra firme, los dirigentes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) fueron exonerados de la administración pública a través de un decreto que suscribió la ex gobernadora Fabiana Ríos, poco antes de la finalización de su mandato.

Sin embargo, la exoneración no puede hacerse efectiva hasta que la Justicia laboral no defina si le quita a los involucrados la tutela sindical -por su condición de gremialistas- que es el paso que restaba llevar a cabo.

La misión de iniciar esos procesos le corresponde a la Fiscalía de Estado, cuyo titular ya realizó las presentaciones, según trascendió ayer. Martínez de Sucre inició los juicios de exclusión ante el Juzgado Laboral de Ushuaia, a cargo del juez Guillermo Penza, quien ahora deberá correr el traslado de las demandas a los gremialistas para que efectúen su descargo.

El Fiscal realizó otra presentación en el marco del mismo expediente, que habría sido resuelta ya por el Juez laboral, aunque no trascendió todavía el contenido de ese pronunciamiento. En ese sentido, se estima que entre hoy y mañana, el juzgado estará en condiciones de dar a conocer el pedido que realizó el organismo de control y la respuesta que obtuvo de la Justicia.

En relación a la exclusión de la tutela sindical, es el último paso que resta para que el Gobierno pueda hacer efectiva la exoneración, que implica la desvinculación del Estado de los dirigentes acusados, entre ellos el secretario general del SUTEF, Horacio Catena.

No obstante, la decisión de Penza no será definitiva y podrá ser recurrida ante instancias superiores de la Justicia, como la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Río Grande.

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