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Demandan a empresas vinculadas a un legislador por la compra de Estancias de 32 mil hectáreas a 240.000 pesos

El portal de noticias ACTUALIDADTDF publicó este martes que la causa fue iniciada en marzo pasado por la firma Lenga Patagonia ante el juzgado Civil y Comercial 2 de Río Grande denominado como “Juicio de Acción Posesoria” en relación a la tenencia de las 32474 hectáreas que componen la estancia María Cristina y fracciones de campo denominadas “Toro Chico” y “Toro Grande”.

La firma demandante ya había iniciado un juicio de desalojo contra la firma Glisud S.A., a la cual Lenga le arrendaba esta tierra desde el 2002 para la explotación ganadera, venciéndose el contrato en 2013.

Vencido ese plazo Glisud consideró una deuda de parte de Lenga por 1 millón 200 mil dólares por lo que el 24 de abril de 2013 intervierte el título de la tierra, asegurando la firma Lenga que nunca fue notificada de ello.

Pasado un año de esa medida, el 25 de abril de 2014 se cede la posesión de la tierra mediante una argucia legal a la firma Deolinda S.R.L., la cual es propiedad del empresario mopofista Fernando Maximiliano Zapata, quien paga una suma casi irrisoria, 242650 pesos por 28 mil de esas hectáreas. Esto en mayo de 2014 se deja refrendado en un contrato de cesión de derechos posesorios.

Tras esto se inició en el lugar una obra de un nuevo casco de la estancia que fue constatada por la demandante mediante acta notarial, ceritificándose la actuación allí de la empresa Zimentar.

La constatación asimismo da cuenta por testimonios relevados en el lugar de la asidua presencia en el lugar del legislador mopofista Damián Loffler, quien está íntimamente vinculado a Zapata, un empresario de notorio crecimiento patrimonial en los últimos tiempos y que incluso incursiona en los medios de comunicación como titular del diario Tiempo Fueguino.

La demanda contra las sociedades GLISUD y DEOLINDA se encuentra ahora en una etapa primigenia con la notificación de las demandadas y ordenamiento de primeras medidas procesales, siendo otro detalle insoslayable que Deolinda ha constituido como representante legal al Dr. José Rodas, representante en el Consejo de la Magistratura, que responde además al estudio Loffler.

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