Miércoles, 14 de Novienbre de 2018 | 02:01

Estudian quitar subsidios del Gobierno a la Iglesia

El Gobierno Nacional estudia eliminar el aporte a la Iglesia Católica y a los obispos. El Estado aportara en 2019 $177 millones a la Iglesia Católica y ese dinero se utiliza para pagar al mantenimiento de 140 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.200 seminaristas, de acuerdo con el presupuesto nacional que fue aprobado por el Congreso hace unos dias.

 

 

Según indican desde el diario La Nación, tanto el Gobierno como la Iglesia argentina pretenden quitar el apoyo al culto católico desde 2020, por lo que los equipos del Ministerio de Hacienda, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Culto trabajan junto a la Conferencia Episcopal buscando que el Estado "genere las condiciones" para que "cada uno de los fieles de las distintas religiones sostenga a sus iglesias".

 

Sectores de la Iglesia destacan que "El Estado aporta solo el 7 por ciento del dinero que la Iglesia recibe, son los fieles los que la sostienen y queremos que eso le quede claro a la gente", por lo que ese dinero podría provenir de otros lugares, particularmente de los practicantes de la religión. Entre las opciones propuestas se encuentra la exención de los impuestos, donde los ciudadanos realizarían en modo exhaustivo, un informe anual sobre la cantidad de dinero donado que les será debitada de los servicios.

 

Ante el miedo por el dinero que reciben los colegios catolicos de gestion privada, desde el Gobierno se aclaró que los cambios "no incluyen las partidas que la Iglesia recibe de ministerios como Educación (subsidios a escuelas), Desarrollo Social e Interior, el cual se mantiene por sobre los 1500 millones de pesos".

 

Recordemos que los recursos que gira el Gobierno nacional a esta religión responden a su obligación de sostener el culto católico, como está estipulado en el artículo segundo de la Constitución de la Nación. Y son transferencias que están reguladas a través de diferentes leyes. Una de ellas, la Ley 21.950, establece que el Estado debe hacerse cargo del salario de los arzobispos y obispos, equivalente al 80% del salario de un juez nacional de primera instancia, equivalente a $108 mil brutos. La Ley 22.162, por otra parte, obliga a subsidiar a los sacerdotes que se encuentren en zonas de frontera o muy desfavorecidas, y la Ley 22.950, a seminaristas.

 

Hay otros recursos que el Estado otorga a instituciones religiosas, aunque con fines específicos. Por ejemplo, los fondos para refaccionar sus edificios y/o los subsidios a escuelas religiosas. Además, la Iglesia católica cuenta con ciertas exenciones impositivas, como el caso del impuesto a las Ganancias o el IVA, un beneficio que se extiende a otras entidades religiosas.

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